Roxana Pintado*
Seguramente hoy (por el 19 de noviembre) las columnas de La Razón y otros diarios no hablarán de ningún otro tema que no sea el linchamiento en Achacachi. Y es que este asunto ha estado en boca de toda la ciudadanía que con horror ha visto cómo el salvajismo y la ceguera han cobrado dos vidas humanas.
Hace ya casi un año que los Ponchos Rojos de Achacachi torturaron y degollaron a dos perros, como amenaza a quienes se oponían al desempeño de la Asamblea Constituyente todavía instalada en Sucre. Entonces, sólo algunos ciudadanos sensatos, los medios de comunicación y los amigos de Animales SOS criticaron públicamente aquella actitud y expresaron su repudio a semejante acto de barbarie y violencia. Entre otras cosas, como resultado de la impasividad ante aquel hecho tenemos hoy este incidente lamentable que no tiene justificación desde ningún punto de vista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual Bolivia ha refrendado hace ya tantos años, en el artículo 3 establece que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Y la Constitución Política del Estado vigente en Bolivia, el Código Penal y la justicia comunitaria no prevén la pena de muerte como posible castigo para ningún delito cometido. Por lo tanto, lo que ha sucedido en Achacachi no tiene ningún sustento legal y la sanción para los que cometieron semejante delito debe estar basada en nuestro actual sistema de justicia, sus códigos y sus procedimientos. El horror con el que se ha despertado el pueblo boliviano tiene que ser juzgado en el marco de las leyes vigentes.
Mi hija de 10 años también vio la noticia en los telenoticieros de la mañana y me preguntaba si es posible que cualquiera asesine a otra persona si cree que le ha hecho algo malo. Le expliqué que en una sociedad basada en las leyes y de convivencia armónica esto no sucede y que bajo ningún concepto eso es posible, que la justicia tendrá que sancionar a los autores de esos asesinatos. Sin embargo, me miró perpleja cuando el Viceministro de Justicia Comunitaria explicaba a la audiencia que lo que habría que hacer ahora era “hablar con las autoridades de Achacachi para que esto no vuelva a suceder”. Mi hija me dijo que entonces la justicia comunitaria sí permite esto porque allí linchan perritos y personas, y yo me quedé sin aliento.
No habrá justicia comunitaria civilizada mientras en las comunidades crean que ese concepto se refiere a hacer lo que nos venga en gana a título de que la comunidad, como colectivo, está de acuerdo. Tampoco la habrá si los gobernantes encargados de ordenar este asunto creen que un asesinato se resuelve y se sanciona hablando con la comunidad para que no se repita.
El horror de Achacachi pone aún más en tela de juicio nuestro débil sistema legal y sólo envía un mensaje a las generaciones más jóvenes: haga lo que quiera, no importa con cuanta violencia; lo más que puede pasar es que alguien le dirá que no lo vuelva a hacer.
*Roxana Pintadoes ciudadana boliviana. Especialista en Comunicación y Marketing
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